¿Debe responder la AFA ante lesiones sufridas por una
jugadora durante un partido de fútbol de salón?
Comentario a fallo “González Centurión, Celeste
Soledad c. A.F.A.
Asociación del Fútbol Argentino s. daños y perjuicios”[1]
Por Leonel Javier Ciliberto[2]
Publicado en REVISTA CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL.
AÑO IX. NÚMERO 1. FEBRERO 2023.
THOMSON REUTERS - LA LEY
SUMARIO I. Brevísima y necesaria
introducción. II. Los hechos y la prueba producida. III. Fundamentos del
rechazo de la demanda contra la AFA. III. 1. Valoración de la prueba. III. 2.
Cuestiones de derecho. III. 3. El alcance de la obligación de seguridad del
art. 51 de la ley 23.184. IV. Algunas cuestiones hipotéticas de hecho y de
derecho. IV. 1. Diferenciación entre estadio y campo de juego. IV. 2. Falta
reglamentaria que excede las vicisitudes normales del juego. V. Antijuridicidad
y asunción de riesgos. VI. Conclusión.
I. Brevísima y necesaria introducción
Esta
vez me encuentro comentando un fallo que, afortunadamente, transita por los
rieles del sentido común, afirmando conceptos previos y trazando directrices
oportunas, en este caso, en aquello que se ha dado en denominar responsabilidad
deportiva.
Analizaré
los fundamentos que los magistrados de la Sala M de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil emplearon para concluir en el rechazo de la reclamación
efectuada por la jugadora de fútbol de salón, pero también me tomaré el
atrevimiento de elucubrar respecto de posibles e hipotéticas situaciones con
cuadros fácticos similares.
II. Los hechos y la prueba producida
El
hecho que motivó la reclamación efectuada por la actora tuvo lugar mientras se
disputaba un encuentro entre el Club 17 de Agosto versus SECLA, en el
marco del torneo de fútbol de salón “Futsal Femenino de AFA 2013”.
En
esa oportunidad, Celeste Soledad González Centurión, la parte actora, jugadora
del Club 17 de Agosto, recibió un golpe en el tobillo izquierdo propinado por una
de las jugadoras del equipo contrario.
Por
ese hecho, interpuso una demanda por daños y perjuicios exclusivamente contra
la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) con fundamento en la ley 23.184 y sus
modificatorias 24.192 y 26.358 (Régimen penal y contravencional para la
prevención y represión de la violencia en espectáculos deportivos).
Tanto
el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº55 como la Sala M de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, coincidieron en rechazar la
demanda.
Es
fundamental dejar en claro que el hecho se tuvo por acreditado y
probado, pero no así la configuración de responsabilidad de la AFA.
Dos
testigos ofrecidas prestaron declaración indicando que la actora sufrió un
golpe proveniente de una de las jugadoras del equipo contrario, desde atrás y
en su pierna izquierda, por lo cual Celeste fue asistida por el médico del
partido, retirada de la cancha y luego hospitalizada.
La
alzada hizo hincapié en que el nosocomio informó en el expediente acerca de la
existencia de una atención médica realizada seis días después del partido, por “control
por entorsis de tobillo izquierdo de siete semanas de evolución, sin lesión
ósea aguda”. Entonces, fue llamativo para los jueces y significó la
apertura de un importante interrogante acerca de la relación causal invocada,
el hecho de que hubiera una diferencia temporal entre las siete semanas de
evolución de la lesión y la fecha del partido, que había ocurrido solo seis
días antes.
Sin
perjuicio de ello, se comprobó la existencia de una lesión ocurrida durante el
partido, que fue confirmada por el delegado de AFA y reconocida por la
asociación en su contestación de demanda.
III. Fundamentos del rechazo de la
demanda contra la AFA
III. 1. Valoración de la prueba
Así
planteados los hechos, analizaré ahora los fundamentos por los cuales el
tribunal colegiado consideró que la AFA no fue civilmente responsable del por
el hecho dañoso sufrido por la jugadora de fútbol de salón del Club 17 de Agosto.
El
fallo gira en torno a dilucidar si las lesiones sufridas por quienes participan
en actividades deportivas, cuando son causadas por otros participantes,
configuran daños resarcibles por los cuales la asociación organizadora del
torneo debe responder, o si por el contrario, se trata de contingencias
inherentes a la práctica deportiva cuyo riesgo de ocurrencia es conocido y
asumido por el participante.
En
primer lugar, los jueces circunscribieron el daño sufrido a aquel que ocurre
entre jugadoras profesionales durante un partido, en el marco de un certamen
oficial, de un deporte que se juga por equipos, con la existencia de una
reglamentación y en el que existe el contacto físico, aunque eventual, lo cual
permite ubicar al fútbol dentro de los deportes considerados como de menor
riesgo.
También
se marcó como cimiento para la valoración de la prueba y la eventual
responsabilidad civil de la AFA, la existencia de un consenso en la doctrina y
la jurisprudencia según el cual “los daños que puedan provocarse entre sí
los participantes de una actividad deportiva no generan, por regla,
responsabilidad civil”[3],
con cita de varios autores[4].
III. 2. Cuestiones de derecho
El
decisorio toma dos fundamentos para sostener lo previamente afirmado. El
primero, que conjuga ideas de Trigo Represas[5]
y Orgaz[6],
es aquel que reza que se trata de una actividad lícita, autorizada e
incentivada por el Estado, por la utilidad social que representa y por sus
efectos positivos sobre el bienestar y la salud de la población en general.
El
segundo, en consonancia con la opinión de numerosos autores[7],
radica en la asunción voluntaria del riesgo por parte de los propios participantes.
Así
se arribó a la primera conclusión de que la asunción de riesgos[8]
debe entenderse en relación con los riesgos específicos, que son
aquellos connaturales a la actividad deportiva y que involucran
exclusivamente la situación del damnificado que ha participado en el evento,
que es quien ha contribuido a crearlo[9].
De
esta manera, siguiendo a Trigo Represas y López Mesa[10],
el tribunal entendió lógicamente que quien ingresa al campo de juego para
disputar un encuentro futbolístico asume sobre sí la posibilidad de que ocurra
un suceso dañoso derivado de los riesgos propios de la actividad lícita que se
realiza, es decir, aquellos riesgos derivados del desarrollo normal de
la práctica deportiva. En este conjunto de riesgos propios no se encuentran
incluidos los riesgos excesivos o extraordinarios[11].
Así
llegó la alzada al entendimiento de que la actora hubo asumido voluntariamente
el riesgo normal inherente a la específica actividad deportiva ejercitada, por
lo cual operó una “causa de justificación idónea para superar la
antijuricidad de la conducta”[12].
Por
ello, habiéndose aplicado esta noción al caso concreto[13],
se dedujo que la damnificada careció de derecho a reclamar la indemnización de
los daños padecidos a la AFA, ello pese a que haya mediado una falta de tipo reglamentaria.
Esto se explica porque la existencia de un incumplimiento del reglamento de la
actividad deportiva de la cual se trate, en este caso el fútbol de salón, no
implica de por sí la generación de un deber de responder desde la
perspectiva civil. Una idea contraria nos llevaría al paralogismo de considerar
que cada foul ocurrido en un partido de fútbol genera un deber de
responder en cabeza de quien lo comete.
Por
ello emerge del decisorio que por no mediar deber de responder por parte de la
jugadora contrincante ni del club para el cual esta jugaba -ninguno de ellos
fue demandado- es que tampoco nace responsabilidad alguna para la AFA, como
organizadora del evento.
Los
jueces reiteraron y pusieron el foco en reiteradas ocasiones sobre el hecho de
que no se hubo demandado a otro agente distinto de la AFA. Incluso deslizaron
que “El reclamo por vía indirecta, en todo caso, debió eventualmente hacerse
al club al que pertenecía la jugadora rival por conducto de la responsabilidad
por el hecho del dependiente, pero no fue demandado”. En cuanto a esta
última aseveración, considero que tampoco debería responder el club al cual
pertenecía la jugadora rival de la actora, aún en el hipotético caso de haber
sido demandado, por lo que más adelante señalaré en cuanto a la ausencia de antijuricidad
en la conducta.
III. 3. El alcance de la obligación
de seguridad del art. 51 de la ley 23.184
Sabemos
que el art. 51 de la ley 23.184 determina que “Las entidades o asociaciones
participantes de un espectáculo deportivo, son solidariamente responsables de
los daños y perjuicios que se generen en los estadios”.
El
alcance de este artículo ha merecido todo tipo de consideraciones en nuestra doctrina
y jurisprudencia.
Desde
el reconocido fallo Zacarías[14],
en el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el año 1998, decidió
sobre un desafortunado hecho, con características similares a otros que
lamentablemente se han reiterado en nuestro país con posterioridad, hemos
advertido movimientos pendulares en la jurisprudencia hasta la
actualidad. En aquel tristemente célebre siniestro que ocurrió en 1988 y dio
lugar al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recién en 1998, el
jugador de fútbol perteneciente al Club San Lorenzo de Almagro sufrió una incapacidad
psicofísica del 70%, viendo frustrada su posibilidad de éxito en el deporte a
partir de este deleznable acontecimiento, debido a que la denominada “barra
brava” del Club Instituto de Córdoba colocó una bomba de estruendo en el
sector de los vestuarios del equipo visitante, cuya mecha fue encendida desde
el exterior del estadio.
Permitiéndome
una leve digresión: muchos de estos sucesos, tan tristes como vergonzantes para
nuestra sociedad, son encapsulados y morigerados, con aires de complicidad colectivo,
en aquello que muchas personas optan por denominar “folklore del fútbol”. En
cuanto a este eufemismo, rescato una notable opinión de la jurisprudencia que
dice “En una reflexión general sobre el lamentable hecho acaecido en autos,
debo decir que a lo largo de los años, amparados en el denominado ‘folklore del
fútbol’, se han legitimado acciones pasmosas que difícilmente se darían en
otros ámbitos y/o disciplinas. Empero, lentamente se va tomando conciencia de
este flagelo en el fútbol, evitando la naturalización de dichas prácticas
discriminatorias en las canchas. Ese facilismo justificativo, mal denominado
‘folklore’, no puede ser la excusa banal para avalar la violencia y la
discriminación en el deporte”[15].
Finalizada
la digresión y volviendo al fallo Zacarías, nuestro más alto tribunal dijo “Justo
es, entonces, que el Club Atlético Instituto Central Córdoba, en cuyo estadio
ocurrieron los hechos, y que recibió los beneficios económicos del encuentro
deportivo, donde uno de sus protagonistas resultó herido por acción de
concurrentes inadaptados, soporte los perjuicios de la acción de dichas
personas cuyo ingreso admitió (arts. 901, 902, 1068, 1069, 1109 y 1113 del
Código Civil). Su culpa consiste, pues, en la insuficiencia de las medidas que
debió tomar para asegurar de la mejor manera posible, habida cuenta de los
riesgos particulares del espectáculo ofrecido, la seguridad de los
participantes y de los espectadores”[16].
Como
se puede advertir, la Corte Suprema de Justicia de la Nación condenó al Club
Instituto de Córdoba, pero en cuanto a la AFA, la demanda fue rechazada, ya que
se entendió que no cabía adjudicarle a la AFA la condición de entidad o
asociación participante, por considerar que aquella “no organiza ni
participa del espectáculo ni ejerce control directo sobre los espectadores”[17].
Este
punto de vista en cuanto al rol de la AFA sufrió un giro copernicano con la
llegada del fallo Mosca[18],
donde el Máximo Tribunal, con una distinta conformación a la que imperaba en el
fallo Zacarías, manifestó que “no cabe duda de que esa asociación rectora
del futbol argentino fue también organizadora (participante) y beneficiaria del
espectáculo deportivo que originó la lesión del actor. En efecto, su condición
de organizadora surge de su propio reglamento, en cuanto le corresponde
organizar y hacer disputar el torneo de primera división como así también la
programación de los partidos (arts. 101 y sgtes., Reglamento General de la
Asociación del Fútbol Argentino). También tiene facultades de contralor, en
cuanto establece las condiciones que deben reunir los estadios, su control de
ventas de entradas por representantes, designación de árbitros, verificación de
medidas de seguridad, etc. (arts. 45, 54, 74, 128 y sgtes., 157 y ccs.,
reglamento citado), y las consiguientes potestades disciplinarias (art. 69 del
estatuto). En cuanto a su calidad de beneficiaria, si bien se trata de una
asociación civil sin fines de lucro, lo cierto es que obtiene un provecho
económico del espectáculo al percibir un porcentaje sobre la recaudación bruta
de los partidos oficiales de torneos organizados por la A.F.A., como así
también sobre el producido de la televisación de esos encuentros (art. 61, inc.
a, ap. 1. y 3. del Estatuto; art. 142 y concs. del reglamento citado).
En
suma, la Asociación del Fútbol Argentino es una entidad muy especial con un
importantísimo grado de intervención en lo que hacen los clubes asociados que,
como se dijo, alcanza a la fijación de fechas, horarios, contratos de
transmisión televisiva y muchos otros aspectos, además de obtener una ganancia
directa derivada de dichos eventos, todo lo cual permite calificarla como
partícipe”[19].
En otros recientes e interesantes
fallos -pese a la discrepancia que podría señalar en cuanto a algunos de ellos,
lo cual excede el objeto del presente trabajo- también se ha debatido sobre el
alcance del término “inmediaciones del estadio”[20]
hechos discriminatorios sufridos por participantes[21]
y daños sufridos por los espectadores[22].
Volviendo
a nuestro fallo en comentario, al analizar el alcance de la obligación
de seguridad atribuida al organizador de un evento deportivo en este caso en
particular, se determinó que en dicho deber no se encuentran comprendidas, como
regla, “las lesiones que se produzcan entre los propios jugadores y que sean
derivación de las vicisitudes normales del juego”[23].
El
tribunal descartó absolutamente una interpretación literal del art. 51 de la
ley 23.184, lo cual conduciría a la ilógica conclusión de que cualquier tipo de
consecuencia dañosa ocurrida por los participantes debe ser reparada por la
asociación organizadora.
El
fallo es lógico y certero. Su conclusión es acertada y resulta de la aplicación
coherente de nuestro derecho vigente. Tomaré ciertos pasajes del fallo para
enriquecer el presente comentario y analizar, no sólo lo que fue, sino
también aquello que podría haber sido…
IV. Algunas cuestiones hipotéticas de
hecho y de derecho
IV. 1. Diferenciación entre estadio y
campo de juego
El
fallo es claro cuando remarca que no se invocaron “deficiencias en las
instalaciones, en las medidas de seguridad o en la organización del encuentro.
Es que la finalidad protectoria de dicho marco normativo está especialmente
orientado a prevenir, sancionar y reparar episodios de violencia en los
espectáculos deportivos y no a remediar las posibles lastimaduras
experimentadas por los deportistas durante la práctica normal de la disciplina”[24].
Este párrafo es interesantísimo porque entiendo que para analizar
correctamente la responsabilidad civil en el ámbito del deporte es necesario
diferenciar el concepto de campo de juego del concepto del estadio.
El estadio comprende al campo de juego, pero en el campo de juego,
entendido como el espacio donde concretamente se lleva a cabo la competencia,
solamente se hallan los participantes de la práctica deportiva y los árbitros.
En dicho ámbito, es absolutamente lógico que los deportistas que participan de
un partido -como en este caso- de fútbol asumen los riesgos derivados de la
práctica normal del deporte.
Esto
nos lleva a comprender por qué en casos como el presente es correcto que la
demanda sea rechazada respecto de la entidad organizadora: porque es
completamente diferente la perspectiva que debemos aplicar cuando el daño es
ocasionado por un deportista que desarrolla la práctica, siempre en
circunstancias normales, que aquella que opera cuando un deportista o espectador
sufre un daño como consecuencia de grescas ocurridas dentro del estadio,
pero fuera del campo de juego.
Es
por este motivo que la distinción del fallo, antes citada, es muy valedera como
criterio de demarcación: no debemos confundir los daños normales derivados de
la práctica del deporte con aquellos causados por los espectadores.
IV. 2. Falta reglamentaria que excede
las vicisitudes normales del juego
Otra
situación hipotética interesante para plantearnos es cuál hubiera sido la
suerte de la demanda, si la falta reglamentaria cometida por la contrincante
hubiera excedido a las vicisitudes normales del juego. En otras palabras, ¿qué
ocurre cuando la agresión del deportista es dolosa en los términos del art.
1724 del Código Civil y Comercial de la Nación según el cual “El dolo se
configura por la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta
indiferencia por los intereses ajenos”.
En este sentido, el fallo se esmeró
en aclarar que “ninguna prueba arrimó que permitiese juzgar que la jugadora
rival se haya excedido en la maniobra desplegada y menos que actuase
dolosamente” y también en responder nuestro interrogante al haber afirmado
que “la jugada no fue excesiva o dolosa, lo que impide admitir la
responsabilidad de la jugadora rival y del club (no demandados), ni tampoco la
de la AFA por vía refleja”, lo cual permite entrever que de haberse tratado
de un acción dolosa, la responsabilidad podría haber alcanzado a la jugadora
rival, al club e incluso a la organizadora, por vía refleja.
Es
cierto que puede resultar vidrioso el límite entre una acción normal derivada
del juego y una que pueda ser considerada dolosa, aunque existen ciertos casos
famosos que puedo citar como epítomes en los cuales parecería no caber duda
alguna, como la agresión de Juan Krupoviesa a Daniel Montenegro[25]
o la de Gastón Sessa a Rodrigo Palacio[26] por citar dos de tantos tristes ejemplos.
V. Antijuridicidad y asunción de
riesgos
Antes
de finalizar y tal como prometí en párrafos precedentes, deseo remarcar una
discrepancia, que no modifica el resultado del fallo, pero sí las consideración
en torno a los elementos de la responsabilidad civil analizados.
Uno
de los pasajes estructurales del decisorio se centra en el análisis de la
asunción de riesgos, expresamente regulada en nuestro ordenamiento jurídico en
el art. 1719 del Código Civil y Comercial de la Nación, según el cual, en la
parte que aquí resulta pertinente considerar, dice que “La exposición
voluntaria por parte de la víctima a una situación de peligro no justifica el
hecho dañoso ni exime de responsabilidad a menos que, por las circunstancias
del caso, ella pueda calificarse como un hecho del damnificado que interrumpe
total o parcialmente el nexo causal […]”
Siguiendo
el texto de la norma y contemplándola en su literalidad, podríamos llegar a la
conclusión de que el decisorio del fallo aquí comentado es arbitrario, en tanto
la jugadora se expuso voluntariamente a una situación de peligro y su
exposición no puede ser calificada como un hecho del damnificado que interrumpe
el nexo causal. Sin embargo, entiendo que este razonamiento no es correcto, por
lo que a continuación explicaré.
Dados
los hechos alegados y probados en el caso, esto es, la existencia de una lesión
propinada por una jugadora de fútbol a una contrincante, sin que haya mediado
conducta dolosa alguna o comportamiento que exceda las vicisitudes normales de
la práctica futbolística, advertimos enseguida que no se configura un hecho antijurídico,
puesto que la norma del art. 1717 del Código Civil y Comercial de la Nación
determina que “Cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es
antijurídica si no está justificada”. En el caso que nos ocupa, la acción
de la contrincante que causa un daño a su rival se encuentra jurídicamente
justificada, por más que constituya una falta al reglamento de la actividad
deportiva, por no tratarse de una acción parangonable con aquellas que exceden
lo que habitualmente suele suceder en la práctica futbolística.
El
hecho de que esta acción haya ocurrido en el marco de una práctica futbolística
neutraliza su carácter antijurídico, debido a que todas las jugadoras
que se encontraban disputando el partido conocían de antemano cuáles eran las
infracciones o lesiones que habitualmente -y sin que medie conducta dolosa- podían
ocurrir en tal disputa deportiva.
Por
eso correctamente el decisorio refiere en un pasaje que “la asunción
voluntaria del riesgo normal del juego inherente a la específica actividad
deportiva ejercitada, opera una causa de justificación idónea para superar la
antijuridicidad de la conducta”[27].
Se
abona esta idea con la cita de Orgaz, quien ha dicho que las lesiones o daños
derivados de los riesgos inherentes al ejercicio normal de un deporte
autorizado, están de antemano justificados como la actividad misma de
que proceden[28].
En
síntesis, la ausencia de un deber de responder por parte de la AFA no deriva, a
mi entender, de la asunción del riesgo
plasmada en el art. 1719 del Código Civil y Comercial de la Nación, porque este
se circunscribe a “La exposición voluntaria por parte de la víctima a una
situación de peligro” - lo cual aquí no ocurre porque la práctica deportiva
no es una situación de peligro- sino que es el resultado de la total ausencia
de antijuridicidad de la conducta llevada a cabo por la contrincante de la
actora, por haber operado una causal de justificación: que la agresión
propinada es inherente a la práctica deportiva desarrollada.
Podría
enmarcarse, incluso, en la causal de justificación prevista en el art. 1718,
inciso “a”, del Código Civil y Comercial de la Nación, conforme al cual está
justificado el hecho que causa un daño en ejercicio regular de un derecho. Ello
arroja como resultado la desaparición de la antijuridicidad del comportamiento
dañoso por la existencia de una causal de justificación[29].
No
se trata de un hecho del damnificado que interrumpe total o parcialmente el
nexo causal, como exige el art. 1719 del del Código Civil y Comercial de la
Nación, puesto que la persona aquí damnificada no ha incidido en la
producción del daño, como exige el art. 1729 del Código Civil y Comercial
de la Nación, sino que lisa y llanamente lo ha contemplado como inherente a la
práctica deportiva desarrollada.
VI. Conclusión
El
fallo en comentario es el resultado de una decisión lógica y una razonable
aplicación del derecho vigente. Como moraleja jurisprudencial obtenemos la idea
central respecto del alcance del art. 51 de la ley 23.184, sobre el cual,
siguiendo las directivas del decisorio, podemos afirmar que no debe ser
interpretado con absoluta literalidad en todos los casos, puesto que ello
conduciría a resultados ilógicos y sobre todo, injustos, y por otra parte, que la
obligación de seguridad atribuida al organizador de un evento deportivo no
incluye, como regla, las lesiones que se produzcan entre los propios jugadores
y que sean derivación de las vicisitudes normales del juego.
[1]
“González Centurión, Celeste Soledad c. A.F.A. Asociación del Fútbol Argentino
s. daños y perjuicios”. CNCiv. Sala M. 2/8/2022.
[2]
Abogado (UBA). Especialista en Derecho de Daños (UBA). Profesor Adjunto en
Contratos Civiles y Comerciales (UBA). Docente en Derechos del Consumidor (UBA)
y en Responsabilidad de las Redes Sociales y Plataformas Digitales (UBA). Todo
tipo de comentarios y críticas son bienvenidos en leonelciliberto@gmail.com
[3]
Fragmento del fallo comentado.
[4]
Orgaz, Alfredo, “Lesiones Deportivas”, en Responsabilidad Civil. Doctrinas
esenciales, t. V, Buenos Aires, La Ley, 2007, p. 1179; Mosset Iturraspe,
Estudios sobre responsabilidad por daños, t. II, Santa Fe, RubinzalCulzoni,
1989, p. 188; Pita, Enrique Máximo, La responsabilidad civil deportiva, Santa
Fe, RubinzalCulzoni, 2015, p.66; Márquez, José FernancoCalderón, Maximiliano
Rafael, “Daños sufridos por el futbolista profesional”, Revista de Derecho de
Daños, “Daño deportivo”, 20102, RubinzalCulzoni, p. 138, conclusión b;
Sferrazza, Mauro, “La scriminante sportiva nel gioco del calcio”, Rivista di Diritto
ed Economia dello Sport, Vol. IV, Fasc. 3, 2008, p. 53; CNCiv., del 17/12/82,
“Cotroneo, Ricardo D. c. Club Atlético Banfield”, en TR LA LEY
AR/JUR/1936/1982, voto del Dr. Bueres; CNCiv., esta Sala, Expte. 41.277/2015,
“González, Paola S. c. Universidad Nacional de José C. Paz y otro s. daños y
perjuicios”, del 03/06/2020, voto de la Dra. Benavente, entre muchos otros.
[5]
Trigo Represas, Félix A.López Mesa, Marcelo J., Tratatado de Responsabilidad
Civil, tomo II, Buenos Aires, La Ley, 2004, pp. 802 y 805; Calvo Costa, Carlos
A., “Asunción de riesgos y consentimiento del damnificado. Parecidos, pero
diferentes”, TR LA LEY AR/DOC/2913/2014.
[6]
Orgaz, Alfredo, “Lesiones Deportivas”, en Responsabilidad Civil. Doctrinas
esenciales, t. V, Buenos Aires, La Ley, 2007, p. 1179; Sferrazza, Mauro, art. y
p. cit.; Agostinis, Barbara, “La responsabilità civil dell’atleta”, Studi
Urbinati, A – Scienze Giuridiche, Politiche ed Economiche, v. 55 nº 1, 2004, p.
18.
[7]
Pita, Enrique Máximo, La responsabilidad civil deportiva, Santa Fe,
RubinzalCulzoni, 2015, p.67; Marchand, SilvinaParellada, CarlosBurgos,
Débora, “La asunción del riesgo ¿Causa eximente o de justificación? TR LA LEY,
AR/DOC/3105/2009, VI, h; ver leading case del Tribunal Supremo de España: STS,
1ª, 22/10/1992 (Ar. 8399); Piñeiro Salguero, José, “Accidentes deportivos:
lesiones consentidas. Análisis de la doctrina de la asunción del riesgo en la
responsabilidad civil del deporte”, InDret, nº 297, Barcelona, julio de 2005;
Barros Bourie, Enrique, Tratado de la Responsabilidad extracontractual,
Santiago de Chile, Ed. Jurídica, 2006, p. 138; CNCiv., Sala I, Expte. 114552/01
“Pucheta, V. A. y otro c. Club Atlético River Plate s. daños y perjuicios”, del
04/08/2009, voto de la Dra. Patricia Castro.
[8]
La asunción de riesgos se encuentra actualmente regulada en el art. 1719 del
Código Civil y Comercial de la Nación, pero dicha norma no fue aplicable en
este caso por haber ocurrido el hecho durante la vigencia del Código Civil
derogado.
[9]
Pita, Enrique Máximo, La responsabilidad civil deportiva, Santa Fe,
RubinzalCulzoni, 2015, pp. 254 y ss. y p. 273, con la asunción de riesgos en
las XXII Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Córdoba, 2009), conclusión 1.
[10]
Trigo Represas, Félix A.López Mesa, Marcelo J., Tratado de Responsabilidad
Civil, tomo II, Buenos Aires, La Ley, 2004, p. 793.
[11]
Picasso, Sebastián, en Lorenzetti, Ricardo L., Código Civil y Comercial de la
Nación, tomo VIII, Santa Fe, RubinzalCulzoni, 2015, coment. Art. 1719, p. 380 y
cita de las XXII Jornadas de Derecho Civil, despacho de la Comisión Nº 3;
aunque el autor parece decantarse por la autorización estatal y las reglas
deportivas, a cuyo consentimento se someten los participantes; Calvo Costa,
Carlos A., “Asunción de riesgos y consentimiento del damnificado. Parecidos,
pero diferentes”, TR LA LEY AR/DOC/2913/2014.
[12]
Fragmento del fallo comentado.
[13]
Aclaro al lector que en la demanda, la actora alegó haber sufrido una fractura
de tobillo, mientras que de la prueba producida en el expediente pudo
comprobarse la existencia de una entorsis de tobillo -aquello conocemos vulgarmente
como esguince- y no de una fractura. Ello no modifica el resultado del
decisorio, debido a que tanto la fractura como el esguince de tobillo, forman parte
de aquellas lesiones que habitualmente se producen en un encuentro futbolístico
desarrollado en el marco de una competencia oficial.
[14]
“Zacarías, Claudio H. c/ Córdoba, Provincia de y otros s/ sumario”. CSJN.
28/4/1998.
[15]
“E. F. E. vs. Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba y otros s. Ordinario”
Juzg. CCC y Fam. 2ª Nom., Marcos Juárez, Córdoba; 22/07/2021; Rubinzal Online;
RC J 5310/21.
[16]
“Zacarías, Claudio H. c/ Córdoba, Provincia de y otros s/ sumario”. CSJN.
28/4/1998.
[17]
“Zacarías, Claudio H. c/ Córdoba, Provincia de y otros s/ sumario”. CSJN.
28/4/1998.
[18]
“Mosca, Hugo Arnaldo c/ Buenos Aires, Provincia de (Policía Bonaerense) y otros
s/ daños y perjuicios” CSJN. 6/3/2007.
[19]
“Mosca, Hugo Arnaldo c/ Buenos Aires, Provincia de (Policía Bonaerense) y otros
s/ daños y perjuicios” CSJN. 6/3/2007.
[20]
“Ruarte, Barbarita y otros vs. Trenes de Buenos Aires S.A. (Quiebra) y otros s.
Daños y perjuicios” CNCiv. Sala A; 04/02/2022; Rubinzal Online; 64694/2008 RC J
535/22.
[21]
E. F. E. vs. Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba y otros s. Ordinario
Juzg. CCC y Fam. 2ª Nom., Marcos Juárez, Córdoba; 22/07/2021; Rubinzal Online;
RC J 5310/21.
[22]
S., M. Á. y otro vs. Soria, Matías Ezequiel y otro s. Daños y Perjuicios CNCiv.
Sala D; 18/06/2021; Rubinzal Online; RC J 3919/21.
[23]
Fragmento del fallo comentado.
[24]
Fragmento del fallo comentado.
[25]
https://tinyurl.com/p6mn3br3
[26]
https://tinyurl.com/3jc4mzss
[27]
Fragmento del fallo comentado.
[28]
Orgaz, Alfredo, “Lesiones Deportivas”, en Responsabilidad Civil. Doctrinas
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Derecho de Daños -Problemática actual de la responsabilidad civil – Directores:
Lorenzetti, Ricardo Luis - Mosset Iturraspe, Jorge. Rubinzal Culzoni Editores.
Santa Fe. 2014, p. 318.
